Jorge Gonzalez siempre atento , mostrando la Realidad de un Chile así
lo demuestra el tema otro dia disco lanzado en el año 1987 la Placa
cultura de la Basura en donde la letra dice :
Ya no quiero cambios
Tengo el pulso firme
Ya no quiero cambios
Tengo el ritmo de las máquinas
Tratando de entender en algo los recientes acontecimientos de este fin de
semana s eparece mucho al que vivimos en los 80 y vemos se repite
desde el 05 de septiembre en adelante después del plebiscito de Salida
sin lograr entender el resultado ya no quieres Cambios?
¿Por qué ganó el “rechazo”?
Muchos dedujeron que ganaría el “apruebo” –, observando los últimos
resultados electorales. En efecto, en la segunda vuelta de las elecciones
presidenciales de diciembre de 2021 votaron algo más de 8 millones de
electores, la mejor participación de los últimos años: Boric obtuvo 4,62
millones de votos; Kast 3,75. Nueve meses después el plebiscito debía
arrojar un resultado similar, tal vez con un poco de desgaste, pero no
más allá del 10%.
Con una incógnita. Esta vez el voto era obligatorio y la abstención
sancionada con multa. Lo que traería a las urnas al gran segmento del
electorado que no había votado los últimos años, tal vez nunca. Estos
abstencionistas eran sobre todo de jóvenes de sectores populares,
categoría que, a primera vista, parecía más bien inclinada a votar
“apruebo”. La participación efectivamente subió bastante: de 8,3
millones en 2021 pasó a 13 millones en 2022. Hubo algo más de 4,5
millones de nuevos electores.
La primera parte del análisis fue correcta: Boric obtuvo 4,62 millones de
votos en 2021; el “apruebo” 4,86 millones en 2022. Un resultado bastante
próximo. Pero lo segunda parte no. Kast consiguió 3,75 millones de votos;
el “rechazo” 7,88 millones. Esto significa que, de los 4,5 millones de
nuevos electores, 4,1 votaron rechazo.
Este cálculo ha sido corroborado por los resultados detallados por
comuna. En las acomodadas se mantuvo la tendencia: ganó el rechazo
en la misma proporción que Kast en 2021. Pero en las comunas humildes,
donde vive el 20% más pobre y donde aumentó fuertemente la
participación, el rechazo ganó con porcentajes de 70% a 90%, igual que
en las comunas con mayoría mapuche. Conclusión: sobre 10 nuevos
electores, 8 o 9 votaron rechazo. Y se trata de sectores populares.
¿Cómo explicar el “rechazo” popular?
La “campaña del terror” para desprestigiar la Convención y el proyecto
de constitución efectuada a través de los medios dominantes y de las
redes sociales, ha sido sin duda la más virulenta de la historia. Tuvo
efectos importantes. Una notable investigación de CIPER identificó 29
cuentas Facebook e Instagram, no declaradas al Servel, que durante
cinco meses emitieron mensajes afirmando que el proyecto de
Constitución amenazaba los ahorros en los fondos de pensión privados,
la vivienda propia, los colegios privados subvencionados y la atención en
los hospitales.
No obstante, los mismos medios se han comportado de la misma
manera desde hace décadas, y no siempre han conseguido su objetivo.
Campañas similares existieron en 1938 contra el Frente Popular diciendo
que iba a fusilar como en la guerra de civil española, y después contra
las candidaturas de Allende asociándolo con un “paredón como en
Cuba”. Esta vez el “terror” mediático tuvo influencia, pero no explica todo.
También es cierto que la derecha clásica (la que hizo parte de la
dictadura) tuvo la habilidad de ponerse en segunda línea, sin dejar de
financiar. La campaña por el rechazo fue protagonizada por los liberales
de la ex Concertación, dándole un halo reformador, hasta “progresista”.
Pero esto tampoco es nuevo ni decisivo.
En realidad, el voto “rechazo” consiguió unificar diferentes rechazos.
Muchos votaron “rechazo” para expresar un malestar contra el Gobierno
por incumplimientos, reales o no, pues la administración Boric aparece
como patrocinadora del proyecto de constitución. De hecho, el
porcentaje del “rechazo” coincide con el desapruebo al Gobierno.
También votaron rechazo los que están contra la legalización del aborto
y de la eutanasia por motivos religiosos. Los que se oponen a
transformar al Senado en una Cámara de Regiones, disminuyendo sus
poderes. Algunos frustrados por no ver en el proyecto la nacionalización
del cobre, del litio… y por otras razones.
Otro argumento para rechazar fue la desconfianza hacia la
“plurinacionalidad”, la justicia indígena, y las zonas con autonomía para
los pueblos autóctonos. Muchos chilenos humildes fueron sensibles al
“argumento” que “el indio” tendría más derechos que el chileno ya que
en Chile ha existido –y sigue existiendo– una dosis de racismo hacia “los
indios”.
Y, por último, el texto sometido al voto era un proyecto inacabado.
Contenía errores de redacción, ambigüedades, repeticiones, y
demasiados adjetivos. A tal punto que sus pro-motores reconocieron
insuficiencias, pero llamaron a “aprobar para reformar”, relegando así la
propuesta a la condición de un borrador.
Queda el argumento que este proyecto, con sus defectos, es mejor que
la actual constitución de Pinochet y Lagos, pues declara derechos
democráticos y sociales, introduce mecanismos de transparencia y
democráticos como los referéndums de iniciativa popular, locales y
nacionales, entre otros. Pero lo asimilaba a un mal menor, lo que no
convence.
Muchas imperfecciones son imputables a la falta de tiempo. Tres o seis
meses suplementarios habrían permitido presentar un texto claro, bien
redactado, con autonomías mejor delimitadas.
Ante la disyuntiva de votar en bloque un texto inacabado, que habrá que
reformar, discrepando con algunas de sus partes y/o o con el actual
gobierno, donde no figuran claramente las demandas de la revuelta
popular de 2019, la mayoría de los nuevos electores optó por el rechazo.
Lo que permite concluir que hay dos “rechazos”: el primero son los
derechistas que antes votaron por Kast y están por una constitución
similar a la actual. El segundo son los que quisieron expresar
descontento contra el Gobierno y/o contra algunos contenidos del texto
y su forma. Esta última postura no puede ser considerada de derecha.
Un error, tal vez el principal La Convención debió trabajar regida por la
regla de adoptar acuerdos con una mayoría de dos tercios, impuesta
por el Parlamento.
Aunque es razonable que las normas constitucionales sean votadas por
una mayoría especial, esta regla no preveía ninguna salida a las
propuestas que obtenían más del 50% y menos del 66%. El Foro por la
Asamblea Constituyente propuso que, en este caso, la ciudadanía
dirimiera a través un referéndum. La norma fue en apariencia adoptada
por la Convención, pero condicionada a la aprobación de dos tercios del
Congreso, lo que era inoperante e imposible. No hubo referéndums
intermediarios.
Si se hubiesen realizado, la ciudadanía habría podido pronunciarse caso
por caso sobre aspectos cruciales del proyecto como las autonomías de
los pueblos originarios; la cámara de las regiones; el aborto, la eutanasia,
y otros. La opción de limitar la consulta a un paquete completo,
contribuyó a rechazar todo cuando se rechazaba algo.
¿Y ahora?
Las campañas del terror tienen un antídoto: más medios progresistas o,
dicho de otra manera, más pluralismo en el paisaje mediático. Otrora, la
movilización contra dictadura de los años 1980 consiguió crear varios
periódicos de oposición como Análisis, Apsi, Hoy, Cause, La Bicicleta, La
Época, Fortín Mapocho. Todos desaparecieron durante los gobiernos de
Aylwin y Frei, que organizaron su desmantelamiento negando toda
ayuda. Paradójicamente, hubo más pluralismo mediático los últimos
años de la dictadura que durante los 30 años de “transición”, marcados
por el reino de El Mercurio, La Tercera y las TV derechistas.
El actual Gobierno dispone una ocasión “en oro” para reintroducir algo
de pluralismo en los medios. En mayo de este año el juzgado 101 de
Madrid, ordenó al Estado de Chile pagar una indemnización de 520
millones de dólares a los propietarios del diario Clarín, el de mayor
circulación hasta el golpe de 1973, cuando fue clausurado y confiscado
por la dictadura. Los herederos de su propietario, Víctor Pey, han
proseguido su lucha por recuperarlo para reeditar un medio progresista.
Pero los seis últimos gobiernos se han negado a pagar la indemnización
que corresponde. ¿Lo hará el gobierno de Boric?
Con la victoria del rechazo, sigue rigiendo la constitución de Pinochet
retocada por Lagos, según las disposiciones de la reforma constitucional
que instauró la Convención y los plebiscitos. El presidente Boric se ha
pronunciado por un nuevo proceso constitucional que requiere dos
tercios del Parlamento donde la derecha dispone de la mitad de los
escaños. Lo que la coloca en una confortable posición de fuerza.
Estos días se está negociando el nuevo proceso. Pero la tendencia
fundamental es que se está conformando una mayoría liberal. Un
antecedente mayor es que, en 2005, el entonces presidente Ricardo
Lagos se negó a remplazar la constitución de Pinochet. suficiente
hacerle un lifting, retirar la firma del dictador, poner la suya y la de sus
ministros, para presentarla como “la” constitución del siglo XXI. Esto fue
posible –y lo sigue siendo– porque los principios liberales inscritos en la
actual constitución son compartidos, con algunos matices de diferencia,
por la derecha y numerosos dirigentes socialistas, democristianos, PPD, e
incluso algunos del Frente Amplio.
La victoria del rechazo marca una derrota del movimiento social iniciado
en octubre de 2019, lo que allana el camino a un acuerdo entre liberales.
Pero no es una derrota histórica como en 1973. El movimiento está en
condiciones de recuperarse y proseguir la movilización por una
constitución que no solo declare derechos democráticos y sociales, sino
que además los garantice. Esto requiere un Estado con recursos, es decir
propietario de las riquezas básicas del país, como el cobre, el litio, el mar,
y otras.
Hace 51 años la unanimidad de diputados y senadores inscribió la
nacionalización de las cinco grandes minas el cobre en la Constitución,
medida que ha aportado más de 120.000 millones de dólares a la nación,
lo esencial del financiamiento de los progresos de las últimas décadas.
Si fue hecho una vez, puede volver a hacerse con las seis nuevas minas
de cobre y financiar así una nación más solidaria.
Créditos Jorge Magasich, historiador